En medio de la desidia y del despilfarro de los funcionarios que viven del Estado, un trabajador murió bajo sus narices

La provincia gasta millones y millones de pesos en sueldos, obras y viáticos irrisorios, mientras tiene a los trabajadores en condiciones deplorables, a pesar de las advertencias y observaciones de la ART.

La muerte de un trabajador en Casa de Gobierno el pasado viernes, produjo la indignación del resto de los empleados de la administración pública provincial, que lamentaron las lamentables condiciones en las que deben ejercer sus labores.

Todo aquel que alguna vez puso un pie en el edificio público más importante de la provincia sabe que el lugar carece de las medidas de seguridad, higiene y confort necesarios para la gran cantidad de personas que allí trabajan y circulan a diario.

Los pasillos son en muchos casos estrechos y están obstaculizados por muebles viejos y diferentes tipos de residuos que ya son parte habitual del paisaje, ya que están allí hace tiempo y parece que nunca serán removidos.

Además de ser angostos y semi obstruidos, los pasillos no cuentan con las señalizaciones adecuadas para que alguien que no conoce el lugar llegue sin demoras innecesarias a destino. Esa fue una de las razones por las que la persona que se descompensó el viernes pasado no pudo ser atendida a tiempo, como también comentan que no pudo ser retirado en silla de ruedas porque la única que había disponible se desarmó cuando lo sentaron.

Los ascensores, no solo no cumplen las reglas recientes de capacidad y tamaño para edificios públicos, sino que, según comentan los trabajadores del lugar, raramente funcionan correctamente.

Peor aún, a pesar de que a Casa de Gobierno concurren y trabajan miles de personas, no hay un desfibrilador, que puede incluso salvar la vida de una persona que presenta paro cardíaco.

A través de internet, el desfibrilador más costoso se puede conseguir por unos 150 mil pesos, pero el Estado dice que para eso no hay presupuesto, mientras que gastó más de 3 millones de pesos en mástiles que se rompen a cada rato, 18 millones para los arreglos de la fachada de Casa de Gobierno, 13 millones para embellecerla internamente con plantas y demás inversiones totalmente innecesarias.

Contar con un desfibrilador por piso en un espacio público de tal magnitud es literalmente de vital importancia, al punto tal de que varios clubes de la ciudad de Paraná y de la provincia hicieron un importante esfuerzo económico para adquirir uno.

Sin embargo, el Estado sigue gastando millones sin justificación alguna, como por ejemplo, un sueldo de 50 mil pesos para una directora con dos meses de antigüedad o los casi 180 mil que percibe el secretario general de la gobernación, que no se sabe muy bien qué labores tan trascendentes hacen para el Estado como para tener semejantes sueldos.

Fue él mismo, Edgardo Kueider, que el pasado jueves en un acto en La Paz, que encabezó como candidato a senador nacional, quien dijo que “tenemos que recuperar la dignidad de los argentinos”.

Kueider no se acuerda de la dignidad de sus propios empleados, de la que seguramente le importa poco con los apenas 70 mil pesos menos que cobra que el presidente de la nación.

Según consta en la liquidación del último mes, en la que no aparecen otros cincuenta designados que no se sabe muy bien qué funciones cumplen, entre los que hay familiares directos y amigos de Edgardo Kueider, Mariela Teruel, Emiliano Gómez Tutau, y Maricel Brusco, con sueldos altísimos.

Todas las falencias edilicias y de seguridad que encadenadas impidieron que un trabajador del Estado pudiera recibir la atención y los cuidados necesarios ante una descompensación, provocaron la indignación del resto de los empleados y rápidamente comenzaron a circular las quejas y lamentos.

Según comentan, hace años que la ART hace diferentes tipos de observaciones que no son tenidas en cuenta, como por ejemplo, que faltan pasamanos y fajas antideslizantes en las escaleras, para evitar accidentes.

Los mismos trabajadores de Casa de Gobierno afirman también que allí hay una enfermería pero que no cuenta con un médico. Sostienen que solo hay una enfermera que ante cualquier consulta lo único que puede hacer es tomarle la presión al paciente, pero que no puede medicarlo.

Con respecto a los ascensores, señalan que existe un proyecto para la instalación de un montacargas, para evitar romper el único elevador de personas disponible cuando es necesario transportar muebles, materiales de construcción para alguna reparación e incluso bidones de agua para los dispenser.

El reclamo de quienes trabajan en el edificio público más importante de la provincia es que se gastan miles de pesos para cosas absolutamente innecesarias, como plantas que sostienen que nunca se riegan, por lo que luego hay que volver a comprarlas.

El arreglo de la fachada del edificio, que comenzó a principios de este año, también es otro tema que indigna a los trabajadores, ya que hacia fuera se pretende dar una imagen impecable, mientras que hacia adentro las condiciones de trabajo son realmente lamentables.

A pesar de todo esto, los gremios que deberían defender los derechos de los trabajadores estatales de la provincia no han levantado la voz al respecto, incluso ante las negligencias que impidieron salvarle la vida a uno de sus afiliados.

Sin ascensor, con pasillos sucios, obstaculizados, hacinados en oficinas, sin desfibrilador para emergencia, los trabajadores lamentan que los arreglos sean solamente para la tribuna.

Es más, algunos empleados de la administración pública hicieron llegar a este Portal su indignación porque hay funcionarios de alto rango que renuevan sus oficinas con muebles de diseño, televisores de última tecnología y demás lujos, mientras que el común de los trabajadores debe ejercer sus labores sin siquiera una estufa disponible para los días de tanto frío.

Además de los millones de pesos que gasta el Estado en los muebles para oficinas de funcionarios y en la reparación de la fachada, los trabajadores recuerdan las exorbitantes liquidaciones de viáticos que rondan los 4 mil pesos por día.

Mención aparte hacen los trabajadores rasos de los sueldos altísimos de funcionarios y directores, que además viven en departamentos alquilados por el Estado, usan autos y choferes oficiales para cuestiones privadas como llevar y traer a sus hijos de la escuela, y tienen hasta empleadas domésticas con contratos en la provincia a quienes no tienen que pagarles sueldos.

Recuerdan también el caso de una funcionaria que pasó de vivir en un barrio muy humilde a comprarse una casa en la capital provincial e invirtió en un departamento a pocos metros de Casa de Gobierno valuado en unos 250 mil dólares.

Todo esto causa indignación en los trabajadores de Casa de Gobierno, que ven cómo funcionarios, directores y demás, se mueven con aires de ministros o de farándula, que viven con innumerables lujos, mientras que los trabajadores de categorías menores llegan a duras penas a fin de mes y deben padecer sus condiciones laborales.

A raíz del fallecimiento de este trabajador, también se oyeron quejas de comerciantes en diferentes puntos de la provincia, que no solo deben soportar una alta presión tributaria, sino que deben adecuar sus comercios y locales a las normativas de seguridad que ni siquiera el Estado cumple.

Mientras los entrerrianos de a pie deben cumplir con todas estas normativas para evitar que sus locales sean clausurados, el mismísimo Estado provincial tiene a sus trabajadores y a quienes concurren a sus oficinas en un a situación prácticamente de abandono, sin seguir ninguna medida de seguridad, higiene y confort.

En tanto, los funcionarios y directores que amasan fortunas mensuales a costas del erario público provincial, viven totalmente ajenos a la lamentable realidad del común de los trabajadores.

Desde sus oficinas de lujo, con choferes oficiales como si fueran su propiedad, mucamas pagadas por el Estado, viviendas en pleno centro con alquileres y muebles pagadas con dinero de todos los entrerrianos, los funcionarios siguen mirando para otro lado.

La indignación sigue creciendo. En medio de la desidia y del viva la pepa, el viernes murió un trabajador público bajo las narices del gobernador y de los funcionarios, que después declaman sobre la dignidad de los argentinos, y de honestidad y transparencia.

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