¿NO HAY PLATA? | Los debates presidenciales están en duda por el presupuesto electoral

La ley exige dos: uno en la Capital y otro en el interior. Siguen los cruces por el dinero para las elecciones.


Los millones de pesos que se necesitan para poner en marcha toda la maquinaria de un acto electoral,siguen sin aparecer. Como ya se pudo saber, la justicia electoral está muy preocupada por esta situación.

En el presupuesto 2019, aprobado por el Congreso, figuran 8 mil millones de pesos que están destinados al acto electoral de las PASO y las generales presidenciales que tendrán lugar el 11 de agosto y 27 de octubre próximos. Ese dinero, lo tiene que transferir el ministerio del interior a la justicia. Esa plata es para pagar horas extras del personal judicial, la seguridad a cargo del comando electoral integrado por las fuerzas armadas federales, logística y traslado de urnas, pago a las autoridades de mesa, capacitación, materiales, etc.
También dependen de ese presupuesto los gastos correspondientes al debate presidencial, que en esta oportunidad, es obligatorio por ley.
En estas condiciones existen muchas posibilidades de que los debates no se hagan. La ley obliga a que sean dos. Uno en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y otro en algún lugar del interior del país. En este punto, el ministerio del Interior puso reparos sobre la suma presupuestada y anticipó que no se iba a pagar. Pidió que se revisara.

Según el sitio Expediente Político, se le consultó a un importante funcionario del ámbito electoral si el debate corría peligro. La respuesta fue contundente y alarmante: «Corre peligro el debate y si te descuidas, corren peligro las elecciones».
Sobre el presupuesto total, el Ministerio del Interior aplicó un recorte de más del 20%. Esto alcanza a las fuerzas armadas federales que ya anticiparon que el operativo se verá afectado.

Se pudo saber que circula un documento firmado por las autoridades del Correo Argentino que le advierten a la justicia electoral que si no se cumplen los pagos en tiempo y forma, no pueden garantizar«el normal desarrollo del acto eleccionario».
Si esta situación no se revierte, por primera vez desde la vuelta de la democracia, las elecciones corren peligro.

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